Intentar parar el parque nuclear supondría una ‘tormenta jurídica’ para evitar multas

La posibilidad de que las eléctricas decidieran cesar la actividad de las centrales nucleares “si el proyecto de Ley del CO2 sale adelante en los términos planteados”, como apuntó el Foro de la Industria Nuclear Española, provocaría una “tormenta jurídica” al “no poder parar esta actividad de forma unilateral” sin la correspondiente multa, de hasta 60 millones de euros, por parte de la CNMC.

Así lo han explicado a OKDIARIO diferentes fuentes del sector, y jurídicas, consultadas, que insisten en que sería un proceso muy complicado y con varias vías de actuación.

Aunque siempre existe la posibilidad de detener la producción de una central aludiendo “una parada técnica”, que además es muy difícil demostrar que no está justificada, lo más razonable es que las empresas pidan medidas cautelares a la Audiencia Nacional mientras se pronuncia sobre “lo legal, o no, de forzar a mantener una producción en pérdidas”.

Sin olvidar la ley del sector eléctrico, “es importante recordar que la generación está liberalizada y no se puede obligar a nadie a producir en pérdidas, por lo que tendría lógica pedir medidas cautelares hasta que se arregle este problema normativo y se consigan los informes a favor del cierre por parte del Consejo de Seguridad Nuclear y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)”, destaca una de las fuentes consultadas.

En el caso de que se decidiera unilateralmente parar la actividad, otra fuente consultada destaca que las eléctricas se enfrentarían a multas administrativas de hasta 60 millones de euros, “sin olvidar que también pueden ser acusados de un delito penal por, por ejemplo, manipulación en el precio de las cosas”.

Sin embargo, “pueden echar cuentas y decidir que es más rentable enfrentarse a una multa de 60 millones que continuar generando en la central”, ya que esta producción tiene “unos gastos altísimos, como lograr uranio, o mantener el alto grado de seguridad, además de pagar elevados impuestos”.

En este sentido, recuerda que la CNMC multó en 2014 a Nuclenor con 18,4 millones de euros por cerrar sin autorización la Central nuclear de Garoña. Decisión que fue ratificada por el Tribunal Supremo.

Nuclenor había acordado el cese de explotación de la central burgalesa en diciembre de 2012, seis meses antes de la fecha inicialmente autorizada.

El Foro de la Industria Nuclear Española ha expresado este martes su rechazo al proyecto de ley sobre la retribución del CO2 y al Real Decreto-Ley aprobado en el Consejo de Ministros para reducir el precio de la luz, y ha asegurado que su aplicación podría derivar «en el cese de la actividad de todo el parque nuclear».

Las nucleares sostienen que estas medidas «ahondan aún más en la penalización a la generación eléctrica de origen nuclear» y piden que, en caso de que el proyecto de ley se apruebe, no se aplique de forma retroactiva. Para este sector, el precio de venta real de la generación eléctrica nuclear, una vez reducido el precio del CO2, debería mantenerse en el entorno de los 57 o 60 euros/MWh, teniendo en cuenta el nivel impositivo actual.

Una de las fuentes destaca que “aunque soporten elevados impuestos, y se enfrenten a altos costes variables y fijos recurrentes, y argumenten que los últimos seis años no han cubierto gastos, pueden mantener su actividad de un modo rentable a 55 euros/MWh”.

Sin embargo, el Foro Nuclear ha lamentado que el parque nuclear español soporta una «excesiva presión fiscal», que unida a las nuevas medidas del Ejecutivo, pueden llevar a la «inviabilidad económico-financiera» y el consecuente «cese anticipado de la actividad». Además, recuerdan que el sector tiene previsto realizar una inversión de 3.000 millones de euros hasta el cese de la operación del parque nuclear en 2035.

El presidente del Foro Nuclear, Ignacio Araluce, ha expresado que este cese anticipado provocaría «un cierre desordenado de la generación nuclear» y «la consiguiente pérdida de puestos de trabajo y tejido industrial». En su opinión, si las nucleares se ven abocadas a esta situación, el país tendría una mayor dependencia energética del exterior y habrá un incremento de la volatilidad del precio en el mercado mayorista, e impediría el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC).

Las fuentes consultadas señalan que “las eléctricas saben que España no puede estar sin nucleares” y esperan “unos meses de mucha tensión entre estas empresas y el Gobierno”.

Medidas del Gobierno

El proyecto de ley pretende disminuir el precio del CO2 de retribución de las instalaciones que operan desde antes del 25 de octubre de 2003, antes de que la Unión Europea (UE) estableciera el mercado de derechos de emisión de CO2. Las nucleares han recordado que funcionan con autorizaciones que se renuevan periódicamente, algunas de ellas concedidas de manera reciente y de acuerdo con los criterios de asignación de derechos de emisión establecidos por la UE.

Siete reactores en cinco centrales nucleares

Actualmente, están en funcionamiento en España siete reactores nucleares ubicados en cinco centrales y con una potencial eléctrica instalada de 7.398,77 Megavatios (MW).

En Almaraz (Cáceres) están ubicados dos reactores de agua ligera propiedad de Iberdrola: Almaraz I y Almaraz I; mientras que Cataluña se encuentran los de Ascó I y Ascó II, propiedad de Endesa.

También en Cataluña está instalada la central Vandellós II, propiedad de Endesa (72%) y de Iberdrola (28%).

En Valencia se encuentra el reactor Cofrentes, pertenece en su totalidad a Iberdrola.

En cuanto a Trillo (Guadalajara), pertenece a  Iberdrola (48%); Naturgy (34,5%); EDP HC (15,5%) y Nuclenor (2%).

Cierre escalonado de las centrales nucleares

En enero de 2019, el Gobierno y las grandes eléctricas, Endesa, Iberdrola y Naturgy, acordaron un cierre escalonado de las centrales nucleares en España, que se realizará después de 2025, pero antes de 2035 o 2036.